Las relaciones entre el Estado Argentino y la Iglesia Católica reconocen un doble canal. Por un lado, la relación “nacional” -es decir- el vínculo normal entre el Estado y la Iglesia de nuestro país; y por otro, la dimensión “internacional” de dicha relación, que es la que corresponde a nivel del Estado  Argentino con la Santa Sede Apostólica.

En el ámbito nacional, además de numerosísimas cuestiones vinculantes y específicas -y en todos los niveles de la vida nacional- el conducto normal de la relación oficial es, a partir del propio Presidente de la Nación, el “Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto” que comprende un área específica del Estado, la Secretaría de Culto de la Nación; y por parte de la Iglesia Católica, la “Conferencia Episcopal Argentina”, que congrega a todos los Arzobispos y Obispos del país, y que posee una Mesa Ejecutiva (Presidente; 2 Vicepresidentes y 1 Secretario General) que es el mayor interlocutor oficial de la Iglesia con el Gobierno Nacional.

Pero, más allá de la importancia de estas relaciones en el ámbito nacional, es la intención principal de este escrito aportar algunas reflexiones sobre las relaciones entre la República Argentina y la Santa Sede Apostólica, que ha cumplido ya 150 años de existencia.

En primer lugar debemos tener en cuenta que -si bien la Santa Sede es a la vez un Estado así reconocido universalmente con todas las potestades propias de su soberanía- el Estado Vaticano como tal es una institución accesoria a la Persona del Romano Pontífice (por eso nuestras relaciones son con el Pontífice Universal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y no con el “Estado de la Ciudad del Vaticano”). El Estado actual del Vaticano data del año 1929, fruto del “Pacto de Letrán” firmado entre la Iglesia y el Gobierno de Italia, que superó la llamada “cuestión Romana”, ocasionada en la pérdida y desaparición de los Estados Pontificios, cuando se unificó Italia en 1870.

Hace poco tiempo recordamos el inicio de las relaciones diplomáticas  entre la República Argentina y la Santa Sede, que se produjo en el año 1857, como uno de los frutos de la culminación de la organización institucional de nuestro país, lograda con la adopción de la Constitución Nacional de 1853. Fue en efecto el primer Presidente Constitucional argentino, Dn. Justo José de Urquiza, quien tuvo la iniciativa de intercambiar representantes diplomáticos con su Santidad Pío IX, inaugurando una rica y fundamentalmente positiva relación directa entre nuestro país y la Santa Sede, que hasta entonces había siempre sido mediatizada, primero vía España y, ya en período independiente, a través de  la Nunciatura en Brasil.

El primer representante argentino fue Dn. Juan Bautista Alberdi, principal inspirador del texto constitucional de 1853, quien fue designado “Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Pío IX”, por Decreto del 18 de abril de 1857, quien a su vez nombró como su agente confidencial en Roma a Benito Filippani.

El mismo Alberdi había llevado a cabo previamente una “misión especial” en Roma (abril – junio 1856), encomendada por el Presidente Urquiza en vistas del intercambio de representantes, entre otros importantes asuntos, como el de explorar las posibilidades de un “concordato”. Se reunió entonces con el Secretario de Estado, Cardenal Santiago Antonelli, y tuvo la oportunidad de saludar a Su Santidad Pío IX. Fue también Alberdi quien estuvo a cargo de la negociación del tratado por el que España reconoció la independencia argentina -firmado el 9 de abril de 1857-, de decisiva influencia en la viabilización de las relaciones de nuestro país con la Santa Sede.

El primer representante pontificio ante el Gobierno argentino, por su parte, fue Monseñor Marino Marini, quien desde 1854 residía en Río de Janeiro. Fue provisto de dos Breves de Institución, fechados el 14 de agosto de 1857. Con el primero, Apostolici ministerio, se le otorgaban facultades ordinarias, con el segundo, Supremus Apostolatus, las extraordinarias. Al llegar a Paraná -sede entonces del Gobierno argentino- como flamante Delegado Apostólico, entregó “a Urquiza una carta autógrafa de Pío IX de 10 de setiembre de 1857, y una medalla de plata con la efigie de Su Santidad que éste le enviaba”, como recuerda el R.P. Cayetano Bruno, S.D.B., en su Obra “Historia de la Iglesia en la Argentina”.

En oportunidad del Centenario del inicio de relaciones (conmemorado en el año 1959), el entonces Ministro de relaciones Exteriores y Culto argentino, Carlos A. Florit, señaló la magnitud del acontecimiento y, en la celebración -conforme reseñó en la oportunidad L´Osservatore Romano- expresó que “el establecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Nación Argentina constituye un acto de profundo significado en la historia nacional” y por lo tanto, “al recordar estos cien años de vínculos de la Argentina con la primera autoridad moral de la tierra es necesario pedir a Dios claridad en los actos, humildad en el triunfo, tolerancia en los errores y paz en los espíritus”. El periódico vaticano agregó que el primer centenario fue celebrado en Buenos Aires con significativas ceremonias organizadas por el Arzobispo Monseñor Fermín Lafitte, quien instituyó una comisión especial para tal efecto presidida por el Obispo Auxiliar, Monseñor Guillermo Bolatti. En la Santa Misa celebrada en la Catedral y en el Acto Académico alusivo, se destacaron las presencias de altas autoridades nacionales encabezadas por el Sr. Canciller, el Cardenal Antonio Caggiano, el Nuncio Apostólico Monseñor Humberto Mozzoni, el mencionado Arzobispo de Buenos Aires y el Arzobispo de Santa Fe, Monseñor Nicolás Fasolino.

Los párrafos precedentes son un breve recordatorio histórico. Ciertamente, en 150 años de relaciones entre la República Argentina y la Santa Sede ha habido tensiones y diferencias, pero sobre el fondo de un permanente intercambio de experiencias, acciones y objetivos comunes, tanto en el aspecto religioso y espiritual, como en lo político, social y cultural. No es menor recordar la decisiva Mediación Papal (1978 – 1984) que permitió superar el grave conflicto -que hubiera convulsionado a toda Sudamérica- y la inminencia de un enfrentamiento armado entre los pueblos hermanos de Argentina y de Chile, que culminó con la firma del Tratado de Paz y Amistad en la Ciudad del Vaticano, el 29 de noviembre de 1984.

Corresponde también tener presente el viaje de solidaridad efectuado por el Papa Juan Pablo II a la Argentina en plena guerra de las Islas Malvinas (1982); la presencia del Sr. Presidente Néstor Kirchner, junto a su esposa, gobernadores, intendentes y varios miembros del gabinete nacional, en la ceremonia de “Asunción del Ministerio Petrino” del nuevo Papa Benedicto XVI (abril de 2005), y, más recientemente, la visita del Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Tarcisio Bertone, a la Argentina (2007); la beatificación  de Ceferino Namuncurá -Primer Beato originario de nuestro país- y la Conmemoración en el año 2008 del 30° Aniversario de la Mediación Papal, en Río Gallegos y Punta Arenas, con la presencia de las Señoras Presidentas de Argentina y Chile, de sus respectivos Cancilleres y del Legado Pontificio, Cardenal Odilio Scherer.

No hay duda que, históricamente la Santa Sede como cabeza visible de las convicciones religiosas -culturales y sociales- de la mayoría de nuestra población, y a su vez como una entidad espiritual reconocida internacionalmente, es hoy una referencia importante de orden moral a nivel universal, con presencia en todos los países del mundo y en innumerables actividades e instituciones (sólo recordemos las más de 1200 universidades católicas acreditadas en la mayoría de los países del orbe, su presencia activa en todos los organismos internacionales; y la acción social global de Cáritas Internacional).

En términos actuales y concretos, tanto la Santa Sede como la Iglesia Católica nacional son aliados importantes en asuntos relevantes para nuestro país: la defensa de los derechos humanos; la lucha por la erradicación del desempleo, la pobreza y la marginalidad; la solidaridad con los países que sufren la deuda externa; la crítica a los organismos económico-financieros internacionales que no responden a las necesidades del desarrollo de los países del Tercer Mundo; la condena al armamentismo, las guerras y la utilización unilateral de la fuerza militar; la defensa del multilateralismo y del rol de las Naciones Unidas; la clara condena al neoliberalismo, al proteccionismo de los países ricos y al injusto sistema de comercio internacional.

Hoy, conmemorando el sesquicentenario de estas relaciones -que ubican a la Argentina en el décimo lugar más antiguo entre los 178 países que mantienen Embajadores ante el Vaticano-, podemos señalar que ciertas dificultades -circunstanciales y superables- no impiden avanzar en el respeto mutuo, la autonomía y la cooperación que impulsaron con responsabilidad y profesionalismo destacados e ilustres Embajadores, tales como –entre otros- el mismísimo Juan Bautista Alberdi, Carlos Calvo, Daniel García Mansilla, Máximo Etchecopar y Belisario Moreno Hueyo.

Consideramos que para afianzar estas relaciones habría que modernizar los diferentes acuerdos que regulan la vinculación del Estado y la Iglesia Católica (nos referimos a los tratados de los años 1957, 1966 y 1992) a los efectos de una adecuada independencia (similar a los países hermanos de Brasil, Chile y Uruguay). De ese modo, se evitarán confusiones y ambigüedades, y se favorecerá un clima de entendimiento y construcción en común.

Ciertamente, es previsible que existan tensiones entre una Institución con sus Dogmas, Valores Morales, conceptos filosóficos de la vida y el mundo; y un Estado que es laico, democrático y pluralista. En todo caso, es fundamental guardar el respeto recíproco (son dos partes de naturalezas diferentes), la cooperación (en todos los campos posibles) y la autonomía (de ambas partes). A partir de estos presupuestos básicos -y con espíritu constructivo- sería lógico que una “Comisión Mixta Estado-Iglesia” pudiera afrontar las diferencias y cuestiones puntuales y conformar un ámbito propicio para superar dificultades y mejorar y ampliar los posibles ámbitos de cooperación que, en definitiva, sirvan al desarrollo integral de los hombres y mujeres de este país, objetivo común de ambas partes.